Pronunciamiento “No permitamos que los pobres mueran de sed”

Pronunciamiento “No permitamos que los pobres mueran de sed”

“Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida”. (Papa Francisco, Laudato Si, n.30)
Muy queridos hermanos y hermanas: A lo largo de los años, los Obispos de El Salvador hemos acompañado las luchas justas del pueblo salvadoreño; la más reciente culminó felizmente con la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica en nuestro país. En esta ocasión, ante la discusión que se ha iniciado en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa sobre el proceso de formación de ley que regulará el uso del agua, expresamos ante la opinión pública lo siguiente:
  1. El agua es un elemento imprescindible para la vida humana, porque sin agua no hay vida. Por eso, con justa razón, en el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), reconoció “el derecho humano al agua“. Por su parte, el Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Sí, afirma que: “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos” (n.30).
  2. Basados en estos criterios incuestionables, pedimos a nuestros diputados y diputadas respetar los 92 artículos consensuados en la legislatura 2012-2015, pues creemos que son una pieza fundamental en dicha ley, ya que responden a las grandes necesidades del pueblo salvadoreño. Como pastores somos testigos del clamor de nuestro pueblo, que pide agua potable en todos los hogares y que no podría pagar los costos si tan vital líquido se convirtiera en una mercancía que esté sometida a las leyes del mercado.
  3. Para responder a tan justa demanda, es indispensable que el ente rector de la administración del agua tenga una Junta Directiva predominantemente estatal, con amplia participación ciudadana. Corresponde al Estado ser el legítimo garante del derecho al agua para todos. Por tanto, estamos en contra de la privatización del agua.
  4. Si se llegara a aprobar una ley que otorgue a una entidad privada el derecho de decidir sobre la distribución del agua en la nación, negándole esta función al Estado, estaríamos ante una ley absolutamente antidemocrática y carente de legitimidad.
  5. Exhortamos a todo el pueblo a hacer uso del derecho de participación ciudadana, exigiendo a la Asamblea Legislativa la aprobación de una Ley General de Aguas que garantice este derecho humano fundamental. Una ley injusta que violente los derechos del pueblo, no puede ser admitida.

San Salvador, 11 de junio del 2018

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